El
caso de Ayozinapan para resolver las desapariciones de los estudiantes han sido
en Vano
Los
familiares y amigos de los estudiantes que faltan bloquearon el tráfico cerca
en la Ciudad de México el 15 de abril en una protesta para exigir justicia.
Un
panel internacional de expertos llevó a México para investigar la desaparición
de esta inquietante de 43 estudiantes que se manifestaron una protesta global
dicen que no pueden resolver el caso debido a una campaña sostenida de acoso, evasivas
e intimidación en contra de ellos.
Los
investigadores dicen que han sufrido ataques en los medios de comunicación
mexicano, un rechazo por parte del gobierno a entregar documentos o conceder
entrevistas con figuras esenciales, e incluso una investigación criminal de
retorsión en uno de los funcionarios que los designaron.
Para
algunos, la conclusión es inevitable debido a que el gobierno simplemente no
quiere que los expertos resuelvan el caso.
"Las
condiciones para llevar a cabo nuestro trabajo no existen," dijo Claudia
Paz y Paz, un miembro de la comisión, que ganó el reconocimiento internacional
para el enjuiciamiento de un ex dictador de Guatemala por cargos de genocidio.
"Y en México, la prueba es que el gobierno se opuso a la extensión de
nuestro mandato, ¿verdad?"
La
presión sobre los investigadores - descrito por cuatro de los cinco miembros
del panel en las entrevistas con The New York Times - destruye promesas por el
gobierno mexicano a que cooperen plenamente y descubrir qué pasó con los estudiantes,
uno de los peores abusos de los derechos humanos en el país más reciente.
Miles
de personas inundaron las calles para protestar contra las desapariciones, el
envío de los índices de aprobación del Presidente Enrique Peña Nieto han
contradiciendo su esfuerzo para representar a México como una nación
progresista listo para asumir su lugar en el escenario mundial. En su lugar, el
caso se ha expuesto a la impunidad desgarrando el Estado de Derecho.
Quizás
el ejemplo más directo de la presión del gobierno llegó en la forma de una
investigación penal abierta en Emilio Álvarez Icaza, el secretario ejecutivo de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo internacional que
nombró a los expertos.
Durante semanas, el gobierno mantuvo su investigación, alegando
que tenía la responsabilidad de dar seguimiento a todas las quejas. Pero los
expertos en derechos humanos en la región dijo que la acción envía un mensaje,
advirtiendo a los agitadores contra la narrativa del gobierno. Con el tiempo, el
gobierno abandonó el caso, pero no antes envió amenaza.
"Es
interesante que elegirían para investigar manifiestamente infundada cuando hay
miles de familias que están buscando desesperadamente a sus seres queridos sin
ninguna asistencia del fiscal general", dijo James L. Cavallaro, el
presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. "Eso es
profundamente perturbador".
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